El Gobierno aprueba un amplio catálogo de medidas de protección a la población frente a los riesgos derivados de la emergencia climática

El aumento de la frecuencia e intensidad de los episodios meteorológicos extremos, asociados a la emergencia climática, hace imprescindible disponer de una planificación sólida, homogénea y basada en criterios técnico-científicos. La Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de fenómenos meteorológicos adversos, aprobada este martes por el Consejo de Ministros, establece el marco común para la protección frente a lluvias, nevadas, vientos; tormentas y tormentas tropicales, temperaturas máximas y mínimas, fenómenos costeros, galernas y rissagues, olas de calor y de frío, nieblas y polvo en suspensión.

Uno de los pilares fundamentales de esta planificación es el fortalecimiento de los sistemas de predicción, vigilancia y alerta temprana, basados en la información proporcionada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y, en su caso, por los servicios meteorológicos autonómicos. Los avisos meteorológicos, clasificados en niveles amarillo, naranja y rojo, permiten anticipar el riesgo y adoptar medidas preventivas proporcionadas a la peligrosidad prevista. Estos avisos no solo tienen en cuenta la intensidad del fenómeno, sino también su posible impacto prestando especial atención a los colectivos más vulnerables. 

Esta directriz establece un amplio catálogo de medidas de protección a la población. Entre ellas se incluyen la restricción de accesos a zonas peligrosas, la limitación o suspensión del tráfico, la cancelación de actividades escolares, laborales o de ocio, y, cuando sea necesario, la evacuación preventiva de personas de áreas especialmente expuestas. 

Asimismo, contempla la habilitación de albergues, el suministro de asistencia sanitaria y psicosocial, el refuerzo de los servicios esenciales y la atención prioritaria a personas mayores, menores, personas con discapacidad o sin hogar.

Todas estas actuaciones se planificarán con antelación para poder aplicarse de forma rápida y eficaz cuando la situación lo requiera, pero no se limitarán a la actuación de las administraciones. La directriz subraya la importancia de la autoprotección y la corresponsabilidad ciudadana. Conocer los avisos, seguir las recomendaciones oficiales, evitar conductas de riesgo y preparar el entorno doméstico o laboral son acciones sencillas que pueden salvar vidas.

Por ello, se impulsarán campañas de sensibilización y formación dirigidas a la población, al sistema educativo y a los profesionales de los medios de comunicación, con el fin de consolidar una verdadera cultura de la prevención.

La directriz refuerza un modelo de protección civil frente a unos fenómenos meteorológicos cada vez más frecuentes y severos que consolida la planificación y la prevención como las mejores herramientas para reducir riesgos y proteger el bien más valioso: la vida de las personas.