El Consejo Nacional de Protección Civil aprueba las directrices para planificar la respuesta ante inundaciones, incendios, fenómenos meteorológicos y accidentes con mercancías peligrosas

Madrid, 24 marzo 2026
El ministro preside el Consejo Nacional junto a la subsecretaria y la directora general de Protección Civil y Emergencias.
Vista general de los asistentes al Pleno.
Momento de la reunión.
Foto de grupo en el exterior del Senado.
El ministro preside el Consejo Nacional junto a la subsecretaria y la directora general de Protección Civil y Emergencias.
Vista general de los asistentes al Pleno.
Momento de la reunión.
Foto de grupo en el exterior del Senado.
  • El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presidido el pleno de este organismo, en el que han participado representantes de los departamentos ministeriales del Gobierno, de las 17 comunidades autónomas, de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y de la Federación Española de Municipios y Provincias

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El Consejo Nacional de Protección Civil, en reunión plenaria presidida este martes por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha aprobado la tramitación de las nuevas Directrices Básicas de Planificación ante los Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos, Inundaciones, Incendios Forestales y accidentes en el Transporte de Mercancías Peligrosas.


La aprobación de estas cuatro directrices básicas se ha alcanzado por unanimidad tras votar a su favor todos los integrantes del pleno, que se ha reunido en la Sala Clara Campoamor del Senado. Integran el Consejo Nacional de protección Civil los 23 departamentos ministeriales del Gobierno, las 17 comunidades autónomas, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y la Federación Española de Municipios y Provincias.


Este alto consenso es el fruto de más de un año de trabajo entre la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior y todos los organismos competentes de todas las comunidades autónomas, que han mantenido a lo largo de este período reuniones semanales tanto telemáticas como presenciales hasta consensuar el contenido de las directrices básicas aprobadas, que podrán consultarse a partir de este miércoles en la página web de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior.


El ministro del Interior ha querido destacar esta “encomiable actitud, las ganas de entenderse entre todas las partes y la amplitud de miras por encima de cualquier diferencia de índole político” que han permitido “alcanzar un acuerdo trascendental que ayudará a garantizar, aún más, la seguridad de toda la ciudanía española independientemente del territorio en el que resida”.


Por su parte, la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones ha agradecido la “lealtad demostrada por todas las instituciones que han participado en este proceso y que han dejado claro que el entendimiento entre administraciones es el único camino posible para lograr el bien común de todas y todos los ciudadanos”.


Estas Directrices Básicas de Planificación de Riesgos establecen los criterios mínimos que habrán de seguir las distintas administraciones públicas en la confección de los planes especiales de protección civil, en el ámbito territorial y competencial que a cada una le corresponda. Todo ello con la finalidad de prever un sistema que haga posible, en su caso, la coordinación, integración y actuación conjunta de los distintos servicios y administraciones implicadas.


De esta manera, cada plan autonómico establecerá, dentro de su respectivo ámbito territorial y conforme a la zonificación basada en el nivel de riesgo, las directrices para la elaboración de los planes de actuación de ámbito local. Estos planes deberán desarrollarse en aquellos municipios identificados como prioritarios en el mapa de riesgos, garantizando su plena integración en la estructura organizativa del plan autonómico.


Mejoras respecto a la situación vigente


Las Directrices Básicas de Planificación de Riesgos permitirán asegurar la necesaria homogeneidad entre todos los planes especiales; facilitarán la integración en otros instrumentos de planificación de ámbito superior, así como, en su caso, la integración en ellos de otros planes de protección civil de ámbito inferior; establecerán el sistema y los procedimientos de información y alerta; estandarizarán procedimientos de relación entre organismos, operativos o de análisis del riesgo; normalizarán la interpretación de conceptos, términos y definiciones; y establecerán un esquema orgánico-funcional genérico que asegure la coordinación entre organismos responsables y que facilite la respuesta del Sistema Nacional de Protección Civil (SNPC).


Además, también servirán para describir la integración del Plan Especial y los planes de actuación municipal, así como las actuaciones más importantes a nivel municipal; los sistemas de aviso e información para poder prever el riesgo con la máxima antelación posible y los mecanismos de comunicación; la manera en la que se realizará la implantación y el mantenimiento del Plan Especial, así como su evaluación y revisión; y los procedimientos de actuación para solicitar asistencia y apoyo tanto de la Administración General del Estado como de comunidades autónomas.


Las nuevas Directrices Básicas de Protección Civil refuerzan la seguridad   y la resiliencia frente a los riesgos climáticos en España y la respuesta ante los accidentes en el transporte de mercancías peligrosas, y aumentan la capacidad del Estado para anticipar, prevenir y responder a emergencias de alto impacto.


Estas directrices, de aplicación estatal, autonómica y local, constituyen el marco técnico imprescindible para garantizar una respuesta coordinada, eficaz y basada en criterios científicos ante emergencias cada vez más complejas.


Directrices esenciales


El incremento de episodios de calor extremo, precipitaciones torrenciales, temporales costeros, sequías y grandes incendios forestales, asociado al cambio climático, exige instrumentos de planificación adaptados al nuevo contexto de riesgo. Las directrices actualizadas proporcionan:

 

  • Metodologías de análisis de peligrosidad, vulnerabilidad y riesgo homogéneas para todo el territorio nacional.
  • Criterios comunes para elaborar planes autonómicos y municipales, garantizando coherencia en todo el Sistema Nacional de Protección Civil.
  • Sistemas de alerta temprana y de información a la población, incluyendo el uso del sistema ES-Alert, la Red Nacional de Información y la Red de Alerta Nacional.
  • Protocolos de coordinación interadministrativa para optimizar la toma de decisiones durante emergencias.
  • Requisitos operativos mínimos para la actuación de los servicios de emergencia en situaciones de grave riesgo colectivo.


La actualización conjunta de estas directrices constituye un avance decisivo en la modernización del Sistema Nacional de Protección Civil porque garantiza:

 

  • Mayor anticipación gracias a sistemas de alerta temprana interoperables.
  • Decisiones basadas en evidencia científica a través de comités de expertos.
  • Mayor coherencia territorial en la planificación de emergencias.
  • Más protección a personas vulnerables, incorporando criterios de accesibilidad y diseño universal.
  • Mejor coordinación interinstitucional en emergencias que pueden afectar a varias comunidades autónomas de manera simultánea.


Con estas directrices, España avanza hacia un sistema de protección civil más moderno, cohesionado y resiliente, preparado para afrontar fenómenos meteorológicos extremos, incendios de gran magnitud, inundaciones severas y emergencias derivadas del transporte de mercancías peligrosas.


Próximos pasos 


Tras su aprobación por del Pleno del Consejo de Protección Civil, estas directrices básicas deberán ser aprobadas por el Consejo de Ministros para su ratificación definitiva en las próximas fechas.


Además, ahora comienzan los trabajos de elaboración del siguiente paquete de directrices básicas, correspondiente a los peligros asociados a riesgos químicos, terremotos, maremotos, volcánicos, radiológicos y biológicos, así como a la autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, para su futuro tratamiento en los próximos plenos del Consejo Nacional de Protección Civil.