Los Grandes Incendios Forestales (GIF) ya no se producen únicamente en verano, como se pudo observar con el ocurrido en febrero entre Castellón y Teruel o los registrados entre marzo y abril en Asturias, según se detalla en el informe elevado hoy a Consejo de Ministros
Estos 87 incendios obligaron a la evacuación preventiva de un total de 22.300 personas
El Consejo de Ministros ha analizado este martes el último informe de incendios forestales en España en el que, además de detallar las actuaciones de los diferentes ministerios (Interior, Transición Ecológica y Reto Demográfico, Defensa y Ciencia e Innovación), se muestra la evolución del número de siniestros y se analizan las distintas tendencias y los nuevos escenarios.
El informe señala que en lo que va de año se han producido un total de 87 incendios forestales que han arrasado 66.064 hectáreas, unos episodios que se han repartido por todo el territorio nacional y en los que no se han producido fallecidos o heridos de gravedad, solo se han registrado 70 heridos, todos ellos de consideración leve.
Así consta en el informe que ha sido elevado este martes al Consejo de Ministros, y que señala además que en 28 de estos 87 incendios se han llevado a cabo evacuaciones preventivas que han afectado a un total de 22.300 personas. De ellas, 4.565 lo han sido en el incendio de Puntagorda y 13.019 en el incendio de Arafo, ambos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Las consecuencias a efectos de protección civil en los 87 incendios que han tenido lugar desde inicios de este año han sido, por lo general, en infraestructuras, sobre las vías de comunicación, tendidos eléctricos, interrupción de algunos servicios esenciales y evacuaciones de la población como medida de seguridad.
CAMBIO CLIMÁTICO
El informe señala que la emergencia climática provoca que los incendios forestales sean cada vez más virulentos y difíciles de gestionar, conllevando un incremento de los índices de riesgo. También, que los Grandes Incendios Forestales (GIF) ya no se produzcan únicamente en verano, como se ha observado tras los incendios registrados entre Castellón y Teruel en febrero y en Asturias entre marzo y abril. La desestacionalización de los incendios, y más en el caso de los GIF, resulta preocupante.
En el informe de incendios forestales también se muestra la evolución de los GIF, relevante por su extensión y por los impactos que genera. En lo que va de 2023 ha habido dos GIF más que la media del decenio y 37 menos que en 2022. En total, han resultado afectadas 47.000 hectáreas en 18 GIF.
INCENDIO DE TENERIFE
El más importante de todos los incendios forestales fue el que se inició en Arafo, en la Isla de Tenerife, que ha afectado a 14.750 hectáreas de hasta 13 municipios.
El Gobierno, como apoyo al Cabildo de Tenerife y la Comunidad Autónoma de Canarias, activó en este incendio forestal a la Guardia Civil (más de 210 efectivos, 85 vehículos, un helicóptero de coordinación y una patrullera del servicio marítimo), a la Policía Nacional y a la UME (hasta 210 efectivos y 55 vehículos).
Igualmente, y a solicitud del Gobierno de Canarias, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias activó el Mecanismo Europeo de Protección Civil por el que el servicio de gestión de emergencias del programa europeo Copernicus facilitó cartografía de emergencias (Rapid Mapping) con imágenes satelitales y que
ha permitido la identificación de 207 construcciones en el perímetro afectado.
REFUERZO DE LA PREVENCIÓN
El informe concluye con la necesidad de seguir trabajando en la vía iniciada por el Gobierno de refuerzo constante del Sistema Nacional de Protección Civil y de los planes de prevención y adaptación frente al cambio climático. Fruto de este trabajo, este año la campaña de incendio de se adelantó casi dos meses y se aprobó en junio.
En esta línea, el informe destaca que es fundamental reducir la amenaza que estos siniestros suponen para la sociedad civil y seguir trabajando con anticipación y coordinación. Ante este escenario, resulta necesario continuar con el desarrollo del Real Decreto-ley 15/2022 de 1 de agosto, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de incendios forestales para instaurar medidas de inmediata aplicación en los tres ámbitos desde los cuales se han de abordar los incendios forestales: prevención, extinción y mantenimiento y restauración de los terrenos forestales afectados.
Su cumplimiento compete tanto a las Entidades Locales, las Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado, en el ámbito de sus competencias. Entre ellas, los planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales, la elaboración de los Reales Decretos de directrices y criterios comunes precisos para la elaboración de los citados planes y de Medidas urgentes de coordinación instrumental para la prevención, vigilancia y extinción de los incendios forestales.