El Gobierno ha aprobado un paquete de medidas para dar respuesta a los daños provocados por la dana Adam los días 18 y 19 de octubre de 2026.

La norma incluye medidas urgentes, por importe de 182,2 millones de euros, para los afectados por dicho fenómeno meteorológico, incluyendo medidas agrícolas, tributarias y de ayudas al comercio, turismo y hotelería, que afectó especialmente el litoral mediterráneo, sur de Valencia y norte de Alicante, con extensión a otras zonas, incluidas Islas Baleares.

También se incluyen iniciativas fiscales y financieras para garantizar los recursos necesarios para la reconstrucción de los municipios afectados, así como beneficios fiscales para los afectados. En esta línea, el Decreto contempla la posible financiación de los gastos extraordinarios derivados de la dana Adam, mediante la asignación en 2026 y 2027 de recursos con cargo a los mecanismos adicionales de financiación del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, como ya se hizo con la dana de 2024.

Esta fórmula también se aplica para los municipios afectados, de manera que se habilita la posibilidad de asignar en 2027 recursos para cubrir gastos derivados de la catástrofe con cargo a los compartimentos del Fondo de Financiación a Entidades Locales.

Además, dentro de las medidas dirigidas a las Entidades Locales afectadas por esta dana, se prevé habilitar el destino del superávit presupuestario de 2025, 2026 y 2027 de los Ayuntamientos afectados por esta catástrofe para financiar Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS). Dichas inversiones deben tener una relación directa con los daños ocasionados por el siniestro, tanto si tienen por finalidad su reparación como la prevención de futuros daños derivados de fenómenos similares.

Por otro lado, el Real Decreto Ley establece un régimen excepcional en la aplicación de la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, de modo que, a efectos de la valoración del cumplimiento de las reglas fiscales, se tendrán en cuenta de forma separada los gastos extraordinarios que realicen las Entidades Locales en respuesta a los daños causados por esta dana. Es decir, los gastos realizados para mitigar los efectos de esta catástrofe no computarán a los efectos de las reglas fiscales.

Igualmente, los Consistorios afectados estarán exentos en 2026 y en 2027 de la obligación de formular un plan económico-financiero ante posibles incumplimientos del objetivo de estabilidad presupuestaria o de la regla de gasto que se hayan producido o se puedan producir en las liquidaciones de presupuestos de 2025 y de 2026, respectivamente. Tampoco se aplicará ninguna medida coercitiva por un eventual incumplimiento de dichas reglas fiscales.

Las medidas llegan después de que la semana pasada el Consejo de Ministros declarase zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil los territorios perjudicados por 45 episodios adversos registrados en nueve comunidades autónomas, entre el 13 de septiembre y el 20 de octubre de 2026. Dicha declaración permite a los distintos ministerios articular medidas destinadas a contribuir a paliar los perjuicios ocasionados.

Agrupadas por sector, las ayudas se clasificación del modo siguiente:

Ayudas extraordinarias al sector agrícola

Las medidas de apoyo para el sector agrario afectado por la dana Adam alcanzan los 88,7 millones de euros.

En concreto, se autoriza al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a realizar las actuaciones para la recuperación por emergencia de los caminos agrícolas de uso público e infraestructuras colectivas de riesgo que hayan resultado dañadas por las fuertes lluvias, teniendo dichas actuaciones consideración de obras de emergencia.

La norma recoge también ayudas directas para todos los agricultores con póliza de seguro agrario que hayan sufrido daños por la dana Adam. Se les abonará hasta el 70 % del coste de la póliza -el máximo que permite la normativa comunitaria-, así como los daños no cubiertos por la indemnización del seguro agrario, la denominada franquicia.

Las ayudas estarán exentas de tributación. Además, se arbitran medidas de financiación, extendiendo los plazos y el ámbito de la línea DANA/ICO-MAPA-SAECA, para que los afectados puedan solicitar créditos con una ayuda a fondo perdido equivalente al 15 % del principal, quedando además exentos del coste del aval.

Obras de reparación y refuerzo de las plantillas de emergencias climáticas

De su lado, se destinan 74,5 millones de euros para actuaciones de reparación, protección y mejora, impulsadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En detalle, se dirigen 70 millones de euros a obras en las costas de la Comunitat Valenciana, encaminadas a reparar mediante obras de emergencia de los daños causados, en el dominio público marítimo-terrestre. Además, la norma permite destinar parte de esos recursos a nuevas actuaciones para aumentar la resiliencia del litoral valenciano frente a futuros temporales y a los efectos del cambio climático, dentro del Plan Estratégico Nacional para la Protección de la Costa.

Otros 3 millones de euros son para la Confederación Hidrográfica del Júcar, con el fin de reparar los daños producidos en cauces y en infraestructuras hidráulicas de titularidad estatal afectadas por la dana, y 1,5 millones de euros para la Confederación Hidrográfica del Segura, para la reparación de cauces, ramblas e infraestructuras hidráulicas afectadas, incluidos los daños en drenajes de las infraestructuras del postrasvase.

Subvenciones al comercio, turismo y hostelería y medidas tributarias

En cuanto a las medidas dirigidas al comercio minorista, al sector turístico y a la hostelería, el importe máximo de la subvención directa concedida a la Cámara de España será de 15 millones de euros.

La cuantía de la ayuda por establecimiento afectado será de 5.000 euros para autónomos y de 10.000 euros, cuando la destinataria final sea una pequeña o mediana empresa o una entidad sin personalidad jurídica.

Medidas fiscales

Asimismo, igual que se hizo con la dana registrada a finales de octubre de 2024, se aprueban varias medidas de carácter fiscal para aliviar la carga tributaria de los afectados. En concreto, se conceden exenciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y reducciones en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) correspondientes al ejercicio 2026 cuando afecten a los inmuebles dañados como consecuencia directa de la dana Adam.

Ello contempla, además, la posibilidad de que los contribuyentes que ya hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias puedan solicitar la devolución de las cantidades ingresadas.

Esos beneficios fiscales establecidos en el IBI y el IAE serán compensados por el Estado para evitar pérdidas de ingresos en las Entidades Locales afectadas.

En materia fiscal además se prevén también reducciones fiscales especiales para las explotaciones y actividades agrarias afectadas. En concreto, en el IRPF se establece una reducción en los índices de rendimiento neto dentro del método de estimación objetiva (tributación por módulos) y en el régimen simplificado de IVA, en relación con las explotaciones y actividades agrarias realizadas en la zona afectada.

Este Real Decreto-ley, como ha ocurrido en anteriores ocasiones, contempla que las ayudas públicas, tanto las procedentes del Gobierno central como las aprobadas por Comunidades Autónomas y Entidades Locales, estarán exentas de ser declaradas en el IRPF.

Medidas para otras catástrofes meteorológicas

En este Real Decreto Ley también se incluyen diversas medidas relativas a otras catástrofes meteorológicas anteriores. En concreto, se recoge la prórroga para 2027 de una serie de mecanismos financieros destinados a paliar los efectos de la dicha dana registrada en octubre de 2024, así como de otras inundaciones registradas entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, que afectaron especialmente a Extremadura.

De esta forma, excepcionalmente el próximo año, el Estado podrá asignar a la Comunitat Valenciana recursos con cargo a los mecanismos adicionales de financiación, contemplados en el Fondo de Financiación a CCAA, para cubrir los gastos extraordinarios ejecutados por dicha comunidad en respuesta a la catástrofe de 2024. Se trata de un mecanismo que ha permitido ese año asignar 1.300 millones a la Comunitat Valenciana para hacer frente a gastos extraordinarios derivados de la dana, mientras que en 2024 y 2025 se asignaron 3.064 millones, de los que la Generalitat utilizó algo más de 1.700 millones.

Por último, también se podrán asignar en 2027 recursos de los citados mecanismos de financiación a Extremadura para atender los gastos extraordinarios derivados de los fenómenos meteorológicos registrados entre finales de 2025 e inicios de 2026.