La Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones, aprobada por el Consejo de Ministros este martes, mejora la anticipación, la coordinación entre administraciones y la capacidad de respuesta frente a unas emergencias cada vez más frecuentes y complejas, reforzando la prevención y la seguridad de la ciudadanía en un contexto de cambio climático
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El Consejo de Ministros ha aprobado, en su reunión de este martes, la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones, que moderniza el marco de actuación de las administraciones públicas ante uno de los fenómenos naturales que mayor número de emergencias, víctimas y daños materiales generan en España. El incremento de episodios extremos asociados al cambio climático, la ocupación del territorio en zonas inundables y la creciente complejidad de los escenarios de riesgo hacían imprescindible una planificación moderna, homogénea y coordinada.
La nueva directriz básica incorpora de manera sistemática del análisis de peligrosidad, exposición y vulnerabilidad, apoyado en cartografía oficial y en los mapas de riesgo de inundación. A partir de esta información, las administraciones públicas deberán identificar las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI), zonificarán el territorio por niveles de riesgo y priorizarán las actuaciones preventivas, operativas y de protección de la población. Asimismo, impulsa la elaboración de planes de actuación municipal en aquellas localidades más expuestas.
La directriz aborda de forma integral las distintas tipologías de inundaciones y prevé escenarios de emergencia adaptados a cada una de ellas: fluviales, pluviales, costeras y las derivadas de la rotura o avería grave de presas y balsas. En este sentido, refuerza la integración entre los planes de emergencia de presas y los planes de protección civil para asegurar la rápida transmisión de la información y la activación coordinada de los sistemas de alerta y protección. Además, refuerza la obligación de informar y sensibilizar a la ciudadanía, fomentando una cultura de autoprotección basada en el conocimiento del riesgo y en conductas seguras ante inundaciones.
Respecto de la planificación, la nueva norma incorpora también las medidas de recuperación orientadas al restablecimiento de los servicios esenciales y a la rehabilitación de las zonas afectadas.
Todo ello se apoya en una estructura organizativa clara, con órganos de dirección, coordinación operativa y asesoramiento científico-técnico que garantizan la eficacia de la respuesta ante emergencias de especial complejidad.
Por último, la directriz impulsa la implantación, el mantenimiento y la mejora continua de los planes mediante la realización periódica de ejercicios y simulacros, la formación especializada de los servicios intervinientes y la evaluación sistemática de las emergencias declaradas.
Este enfoque permitirá extraer lecciones aprendidas y adaptar la planificación a la evolución del riesgo, reforzando la resiliencia del territorio y la seguridad de la ciudadanía frente a las inundaciones.