El Consejo de Ministros, en su reunión de este martes, ha declarado zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil los territorios perjudicados por 45 episodios adversos registrados en nueve comunidades autónomas entre el 13 de septiembre y el 20 de octubre de 2026, decisión que habilita a los distintos departamentos ministeriales a poner en marcha distintas líneas de ayuda para compensar los perjuicios sufridos por personas o instituciones.

En el periodo fijado en el acuerdo del Consejo de Ministros, las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Illes Balears y Región de Murcia han sufrido diversas emergencias de protección civil, como incendios forestales, fenómenos meteorológicos adversos, especialmente lluvias intensas, tormentas e inundaciones, y otros sucesos de distinta naturaleza que motivaron la activación de los correspondientes planes autonómicos de protección civil.

Durante la segunda quincena de septiembre y comienzos de octubre se registraron diversos incendios forestales que motivaron la activación de planes de emergencia en varias comunidades autónomas, entre los que destacan el de Tuéjar (Valencia), un gran incendio forestal con una superficie afectada de 748,90 hectáreas y dos bomberos forestales heridos, así como los de Quiroga (Lugo) y Calvos de Randín (Ourense), que alcanzaron la situación operativa 2.

Por otro lado, uno de los episodios más significativos correspondió a las intensas precipitaciones registradas en Cataluña entre el 1 y 8 de octubre, que superaron los 200 mm de precipitación acumulada por metro cuadrado en diversos sectores del litoral y prelitoral y con registros supriores a 300 litros en puntos del Baix Ebre, el Montsià, el Maresme y el Vallès Oriental, y que alcanzaron los 361,3 mm en Granollers.

Estas fuertes precipitaciones provocaron inundaciones y desbordamientos de cauces que dañaron infraestructuras, transportes, viviendas y actividades económicas y explotaciones agrícolas, por lo que fue necesario activar el plan INUNCAT en fase de emergencia.

El episodio de mayor gravedad ha sido el asociado a la depresión aislada en niveles altos (DANA) denominada “Adam” que afectó desde el 17 de octubre al área mediterránea peninsular y a Illes Balears, con particular incidencia en las comarcas de la Safor, en Valencia, y la Marina Alta, en Alicante.

La gravedad de la situación exigió la adopción de medidas de protección de la población y la movilización de los servicios de protección civil y emergencias. Según el balance provisional, el temporal ha ocasionado siete víctimas mortales y daños materiales de considerable entidad cuya evaluación sigue en curso.

Como consecuencia de estos sucesos se han producido daños personales, en infraestructuras y en bienes públicos y privados, que justifican la intervención de la Administración General del Estado, en aplicación del principio de solidaridad interterritorial y de manera subsidiaria, para complementar las actuaciones que, en ejercicio de sus competencias, tienen encomendadas las administraciones públicas territoriales.

Ayudas complementarias

Las ayudas ya vigentes o que vayan a acordarse en el futuro se extienden a aquellos ámbitos territoriales en los que se han producido daños derivados de los fenómenos descritos, pero la efectividad de las medidas de ayuda y recuperación quedará supeditada a la acreditación de los daños y perjuicios ocasionados, de acuerdo con los procedimientos y requisitos previstos en cada una de las correspondientes líneas de ayuda.

Asimismo, una vez que la Administración General del Estado disponga de una evaluación más completa de los daños producidos, realizada en colaboración con las administraciones autonómicas y locales afectadas, este Acuerdo podrá complementarse mediante la adopción de medidas adicionales de recuperación, coordinación y apoyo que resulten necesarias para favorecer el retorno a la normalidad.

En concreto, todas las personas o entidades que puedan acreditar los daños sufridos en cualquiera de estos episodios pueden solicitar ya a la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior ayudas destinadas a paliar daños personales; materiales en vivienda y enseres; gastos de corporaciones locales; en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios; y a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y/o de bienes para la respuesta a la emergencia.

Además, tras el acuerdo adoptado este martes, este ministerio estudiará la posibilidad de aprobar una exención de las tasas del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico para los duplicados de permisos de circulación o conducción, así como bajas de vehículos siniestrados, y por expedición del DNI en caso de pérdida o destrucción.

Medidas de competencia de otros ministerios

A partir de la aprobación de este acuerdo, el Ministerio de Hacienda concretará la exención en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y la reducción en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas. Como es habitual, estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las ayudas por daños personales.

Los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones podrán desarrollar medidas como bonificaciones y exenciones de cuotas de Seguridad Social.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática concederá ayudas, por un importe de hasta el 50 por ciento, a los proyectos que ejecuten las entidades locales para reparar infraestructuras, instalaciones y equipamientos municipales.

Todos los departamentos ministeriales, en el ámbito de sus competencias, podrán declarar zona de actuación especial así como la emergencia de las obras para reparar los daños causados en infraestructuras de titularidad pública en los territorios amparados por al acuerdo adoptado hoy.

En este sentido, podrán tener la consideración de obras, servicios o suministros de emergencia, los contratos de reparación o mantenimiento de infraestructuras, equipamientos o servicios, de obras de reposición de bienes perjudicados y de valoraciones de daños, cualquiera que sea su cuantía. También se podrá declarar urgente la ocupación de los bienes afectados por las expropiaciones derivadas de la realización de las obras, conforme a la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.

Listado de emergencias